El tema que nos concierne hoy no debe ser abordado como simple ejercicio intelectual o disquisición jurídica, porque para miles de mujeres en la RD (y para millones de mujeres en el mundo) los derechos sexuales y los derechos reproductivos son una cuestión de vida o muerte, de salud o enfermedad, de sufrimiento o bienestar. Su vigencia puede marcar la diferencia entre una vida plena y una existencia truncada, entre la felicidad y la infelicidad.

La mejor manera de entender la enorme importancia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la vida de las personas es contemplar las consecuencias que resultan cuando estos derechos son denegados o coartados. A manera de muestra, consideremos brevemente algunas cifras, todas ellas relativas a problemas que son prevenibles casi en su totalidad:

A nivel mundial, 500,000 mujeres mueren cada año por complicaciones del embarazo, incluyendo al menos 65,000 a causa de abortos inseguros. El año pasado murieron tres millones de personas a causa del SIDA y cinco millones más se infectaron de VIH (la mitad de ellos entre 1524 años). Hay más de 350 millones de parejas sin acceso a servicios de planificación familiar.

En la República Dominicana, según los datos de ENDESA2002: una de cada cuatro mujeres ha tenido su primer hijo antes de los 18 años, y cerca de la mitad antes de los 20 años.

De los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años, el 56% era deseado en el momento de ocurrir el embarazo, el 30% lo deseaba para más adelante y el 13% no lo deseaba (no quería tener más hijos). Es decir, el 46% de los nacimientos no era deseado al momento de la concepción.

La tasa de mortalidad materna se calcula en 178/100,000 nacidos vivos.
El Instituto Guttmacher estima que a finales de los 90 se practicaban unos 90,000 abortos anuales en el país y que uno de cada cuatro embarazos termina en aborto.

Ahora consideremos lo que está detrás de las estadísticas y pensemos en las personas de carne y hueso que sufren estas situaciones.

Pensemos en las miles de tragedias cotidianas, en el enorme sufrimiento humano que reflejan estos números. Y, entonces, preguntémonos: ¿por qué esto no es noticia de primera plana todos los días en la República Dominicana? ¿Por qué frente a esa tasa vergonzosamente alta de mortalidad materna no se declara una emergencia nacional? ¿Por qué, por ejemplo, la muerte de siete narcotraficantes o los muertos del huracán Jeanne conmocionan al país y copan los noticieros durante días, mientras que las muertes cotidianas y constantes vinculadas a la denegación de derechos (las maternas, las de SIDA, las de abortos inseguros, etc.) pertenecen invisibles, como si se tratara únicamente de desgracias privadas y personales, y no guardan relación alguna con las decisiones políticas que se toman o se dejan de tomar?

Y tendríamos que preguntarnos también por qué esta sociedad aparentemente se niega a entender la clara y evidente relación que existe entre la falta de educación sexual de carácter científico en las escuelas, y las epidemias de embarazo adolescente y de VIH en jóvenes. O la relación también evidente entre la falta de servicios adecuados de salud reproductiva y las muertes maternas. O entre la absurda ilegalidad del aborto y las muertes y enfermedades causados por procedimientos clandestinos.

Un esfuerzo serio por responder estas preguntas tendría que llevarnos a considerar si esta falta de interés tendría que ver con el hecho de que quienes sufren mayormente las consecuencias de la denegación de derechos sexuales y reproductivos son los mujeres. Y llevarnos también a considerar cuán ética es en realidad esa ética hegemónica que desde arriba nos impone la oficialidad religiosa, la misa que niega el uso del condón al infectado de VIH y que frente al aborto terapéutico proclama sin el menor pudor que mejor dos muertos que un asesinato.

Se trata de preguntas (y de respuestas) difíciles o quizás por eso la sociedad dominicana se ha rehusado a enfrentar el problema en su justa dimensión y a buscarle las soluciones que éste demanda. En la Colectiva Mujer y Salud, entendemos que un paso indispensable e impostergable en el camino hacia la vigencia plena de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es la separación EstadoIglesia, que en nuestro país incluye la derogación del Concordato firmado en 1954 entre RD y el Vaticano.

Paso, entonces, a esbozar brevemente algunos de los argumentos a favor del Estado laico y la derogación del Concordato.

En primer lugar, la existencia de una religión de Estado (establecida por el Art. 1 del Concordato) constituye una clara violación al Artículo 8 de la Constitución dominicana, que establece la libertad de conciencia y de culto. Otras disposiciones del Concordato, como son el reconocimiento civil del matrimonio canónico, la instrucción religiosa en las escuelas públicas y el empleo de fondos públicos en provecho de la Iglesia católica, entre muchas otras, también violan la libertad de conciencia y culto.

La noción de que no puede haber plena libertad de culto mientras el Estado favorezca a una confesión sobre las demás, y de que “la religión es fundamentalmente un interés personal e individual, y que la función del gobierno debería ser la de proteger todas las perspectivas religiosas en lugar de promover una de ellas” datan al menos del siglo XVII (y constituyeron el punto de partida para la creación de los EE UU en el siglo XVIII). En nuestro país, destacó en la defensa de este principio Don Eugenio María de Hostos, quien refiriéndose al artículo constitucional que declaraba la católica la religión de Estado, afirmaba lo siguiente:

“El Estado no tiene conciencia y, por consiguiente, no puede tener religión...”

El artículo constitucional que todos esos males hace es el que declara religión del Estado a la católica; y claro es que no hace el mal por ser la católica la privilegiada en él, pues cualquiera otra religión produciría el mismo mal, sino porque privilegia a una creencia en perjuicio de otras, porque da al Estado obligaciones que él no debe tener ni puede aceptar, y porque afecta la vida política y económica de la sociedad dominicana”.

Las normativas internacionales de derechos humanos incorporaron hace décadas las disposiciones relativas
al respeto a la diversidad religiosa por parte de los Estados (disposiciones que también protegen los derechos de los no creyentes), empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) dispone en su artículo 18: “Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”, un derecho claramente amenazado por los privilegios estatales a favor de una religión.

La separación IglesiaEstado es un requisito indispensable para el desarrollo de una democracia moderna. Históricamente, las normas de organización social procedían de la religión, y en sociedades tradicionales o antiguas como la de los antiguos hebreos o la Europa medieval no existía una separación clara entre el ámbito religioso y el civil.

Aunque en el mundo occidental esto empezó a cambiar hace ya varios siglos, en RD y en la mayoría de los países de América Latina persiste aún el anacronismo de “la religión de Estado”. Esto es consecuencia de nuestra historia colonial, que en lugar de legarnos las ideas libertarias de la Ilustración, nos impuso la tradición católica medieval y su noción de que el Estado debía ser un instrumento para la salvación espiritual de
sus miembros. Visto el dictado católico de que “fuera de la Iglesia no
hay salvación”, el Estado debía, por lo tanto, estar al servicio de la Iglesia en esta misión salvadora.

Como señala Villamán, en este modelo se entiende al Estado como facilitador del proceso de evangelización de la Iglesia, en tanto que la Iglsia se convierte en el principal factor de legitimación del Estado.

Ahora bien, la noción de que “fuera de la Iglesia no hay salvación” implica necesariamente la imposición de la hegemonía religiosa y excluye por completo la diversidad. Visto que las sociedades modernas se caracterizan justamente por el pluralismo y la diversidad (religiosa y de
otra índole), un rasgo esencial de las democracias modernas ha sido justamente el reconocimiento y respeto de la diversidad. En el caso de la religión, lo que garantiza la convivencia pacífica de las diferentes confesiones es el Estado laico, que en lugar de alinearse con una religión en particular, garantice el respeto y la tolerancia a todas las ideas y manifestaciones religiosas en igualdad de condiciones.

Como bien señala Savater

“...Este marco institucional secular no excluye ni mucho menos persigue las creencias religiosas: al contrario, las protege a las unas frente a las otras. Porque la mayoría de las persecuciones religiosas han sucedido históricamente a causa de la enemistad intolerante de unas religiones contra las demás o contra los herejes... Convertidos los dogmas en creencias particulares de los ciudadanos, pierden su obligatoriedad general pero ganan en cambio las garantías protectoras que brinda la Constitución democrática, igual para todos”.

“En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos”.

Precisamente, en estas ideas se fundamenta la oposición de las feministas (y otros sectores) a la injerencia de la Iglesia en las políticas públicas, particularmente las que afectan los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas. El uso por parte de la Iglesia
de su poder político y de sus recursos organizativos, mediáticos y económicos para promover o imponer determinadas políticas públicas (como en lo relativo al aborto, al SIDA, a la educación sexual escolar, etc.) constituye una clara violación a la libertad de culto y un irrespeto al pluralismo religioso. Pero además constituye una clara intromisión en los asuntos privados de las personas. En las democracias modernas, como señala Lamas:

“...el principio de privacidad personal tiene al centro los conceptos de ‘inviolabilidad de la persona’, ‘la intimidad’, y la ‘integridad corporal’. Por eso, la defensa de la privacidad consiste en el derecho de la persona a no sufrir la intrusión gubernamental injustificada, en asuntos que la afectan, como la sexualidad y la reproducción...”

“La coincidencia amorosa, el deseo sexual, la decisión de compartir la vida con otra persona, la paternidad y la maternidad no son decisiones públicas. Son expresiones individuales que conllevan derechos ciudadanos para su ejercicio”.

En una democracia, cada religión tiene la libertad plena de promover sus propias ideas y de imponerlas como obligaciones a sus feligreses, que también tienen el derecho de adoptarlas y practicarlas libremente. Pero lo que ninguna religión debe tener ese el derecho de imponer sus convicciones religiosas a los creyentes de otras religiones o a los no creyentes, dictando o promoviendo políticas públicas que, por definición, aplican por igual a todos los miembros de una sociedad.

Concluyo citando a Susana Chiarotti, quien afirma que:

“La cuestión del Estado laico, desde una perspectiva sociojurídica, abarca un sinnúmero de temas, que van desde el derecho a la educación; la administración de justicia; el acceso de la ciudadanía a servicios de salud reproductiva; hasta el derecho a la eutanasia, el matrimonio,
las orientaciones sexuales de las personas y su relación con el derecho
al trabajo, la ingeniería genética y otras muchas.

El reclamo desde el feminismo por la plena vigencia de un Estado laico
no está relacionado sólo con la salud reproductiva y el derecho al aboto, sino con la libertad, sobre todo de opinión y la libertad personal, el derecho a la intimidad, el respeto a la diversidad cultural y religiosa y a
la autonomía personal. Por ello, es mucho más abarcativa y, como cuestionamiento filosófico, desafía críticamente todos los aspectos de la vida que pueden ser afectados por el hecho de que el Estado sea manejado
o influenciado por sectores religiosos”.

(*) Denise Paiewonsky: socióloga feminista, catedrática del INTEC y Presidenta de la Colectiva Mujer y Salud.

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