Con el propósito de contextualizar esta campaña y su propósito, además de ofrecer informaciones detalladas sobre las repercusiones de los abortos ilegales y clandestinos, A PRIMERA PLANA incluye en estas cuatro páginas de su suplemento informaciones publicadas tanto por la Colectiva Mujer y Salud en algunos de los materiales que ha difundido con ocasión de esta campaña, como por algunas de las organizaciones, redes o agencias de mujeres periodistas que han cubierto esta campaña, ofreciendo ángulos diversos sobre este tema.

¿Por qué una Campaña por la Despenalización del Aborto? Porque 70 mil mujeres mueren cada año en el mundo a causa de abortos clandestinos. El aborto clandestino es inseguro porque no se da en condiciones que puedan garantizar una intervención óptima. Se recurre a personal no especializado. Se pone en riesgo la vida de la mujer. Las hemorragias y otras complicaciones del aborto incompleto son causas de mortalidad materna.

Con la campaña se quiere lograr que la sociedad, en especial los tomadores de decisión, entiendan que la penalización del aborto está contribuyendo al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad de las mujeres, sobre todo de aquellas que no cuentan con recursos económicos y recursos institucionales.

¿Cómo surge? En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de la mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Desde entonces, más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. Hoy suman más de 600. El 28 de septiembre recuerdan a los gobiernos latinoamericanos que 6 mil mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos.

Mencionan que la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones y, en toda la región, la suma llega a más de cuatro millones.

Cada día se realizan 55,000 abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas. Mundialmente, por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido en forma clandestina es la causa de una de cada tres muertes maternas
en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Cada 28 de septiembre sirve a las feministas de la región para demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y 25% del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo.

Recuerdan que en América Latina y el Caribe, entre el 10 y 30% de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto. A nueve años de la declaración del Día Latinoamericano por la Despenalización del Aborto, hay que empezar a tomar en cuenta las cifras y traducirlas en medidas y políticas concretas.

Algunas medidas concretas. Actualmente, en Europa, el 95% de interrupciones de embarazo voluntarias se hacen en clínicas privadas, con
un costo medio de 2 mil euros cada uno.

Por ello, la ministra de Sanidad de España, Elena Salgado, anunció que el gobierno agilizará las pruebas diagnósticas a las embarazadas y las trabas burocráticas para facilitar el aborto en hospitales de salud pública.
“Junto al retraso en las pruebas diagnósticas hay otras circunstancias que hay que evitar, y que hacen que no sea la Sanidad pública donde se realizan los abortos, como la dificultad de entenderse con el médico que firma el documento correspondiente”, advirtió la secretaria de Estado, de acuerdo con información de Mujereshoy.

Según datos del Ministerio de Sanidad, el año pasado se registraron en España 77,125 abortos, lo que supone que esta práctica ha aumentado un 55% en los últimos cinco años, sobre todo entre menores de 20 años.
Sanidad también ha detectado que el número de interrupciones voluntarias del embarazo aumenta entre mujeres inmigrantes y que “no siempre se han practicado bajo las mejores condiciones posibles”.

La ministra dejó claro que el Ejecutivo no pretende en ningún caso vulnerar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y que su departamento insistirá en la prevención de embarazos no deseados para la intervención quirúrgica sea la última solución en el caso de que las medidas no hayan tenido efecto.

Hasta 2006, el gobierno español retrasará la reforma que permitirá el aborto en las doce primeras semanas de gestación sin tener que aducir motivo. Además, se plantea acompañar esta modificación legal con la puesta en marcha de una ley de salud sexual y reproductiva.

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