Ubicada en el segundo lugar en incidencia de VIH y SIDA en la segunda región del mundo con mayor impacto de la enfermedad, República Dominicana evidentemente no es una excepción en la tendencia de la epidemia. En 1993 el Congreso Nacional aprueba la Ley 5593 o Ley contra el SIDA, como parte de las acciones que el Estado dominicano decide desarrollar a fin de brindar una respuesta a esta problemática. A partir de esa fecha la ley contra el SIDA constituye el marco jurídico en el que se inserta la política pública del Estado dominicano contra el VIH/SIDA.

Si bien en ese momento esta ley significó un importante avance en el camino hacia la institucionalización de la lucha contra esta enfermedad, no es menos cierto que los cambios reflejados en su creciente propagación y graves efectos requieren actualmente de un instrumento legal que se adecúe a estas nuevas condiciones y logre estructurar una respuesta pública y privada efectiva que enfrente a esta enfermedad y sus devastadores efectos. Se añaden a esta necesidad de modificación el proceso de reforma y modernización que experimenta el sector salud en nuestro país y los nuevos tratamientos y estrategias de combate a la epidemia implementados en el extranjero, los cuales abren nuevas posibilidades de atención y calidad de vida para las personas viviendo con VIH y/o SIDA.

Tomando en cuenta esa necesidad de reforma a la ley 5593 vigente, el Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA) inició hace algunos años el proceso de formulación del proyecto de reforma. Es precisamente en ese contexto que la Coalición ONGSIDA, en tanto conjunto de organizaciones e instituciones que trabajan en esta problemática, expresa sus opiniones y sugerencias, las cuales se traducen en una propuesta cuya principal característica y diferencia con la actual Ley de SIDA es su enfoque integral de derechos humanos.

La propuesta recoge principios fundamentales de garantía de derechos humanos contenidos tanto en la Constitución de la República como en distintos convenios y acuerdos internacionales con carácter vinculante para el ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República estipula el deber estatal de procurar los medios para la prevención y tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas y de toda índole, así como la atención médica gratuita para quienes lo requieren. De igual forma, basada en compromisos y acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Compromisos para hacer frente a la crisis del VIH y SIDA de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), la propuesta incorpora disposiciones que priorizan acciones de prevención de la enfermedad, definiendo y asignando responsabilidades directas a las distintas instituciones públicas y de la sociedad civil involucradas en esta problemática.

El énfasis en la garantía de derechos humanos de las personas viviendo con VIH y SIDA se concretiza también en la propuesta de la prohibición a su estigma y discriminación, cuyas consecuencias negativas son obstáculo para enfrentar y prevenir la propagación de la epidemia. La propuesta garantiza, a la vez, la restitución de los derechos violentados o negados a las personas viviendo con VIH y SIDA, y a sus familiares o personas allegadas. 

Son también principios rectores presentes en la propuesta la autonomía de la voluntad, la confidencialidad, la corresponsabilidad, el trato digno y respetuoso a las personas viviendo con VIH/SIDA y la equidad social y de género.

Vale resaltar en esta propuesta de la Coalición ONGSIDA la definición del ente rector de la política pública en contra del VIH y SIDA, que bajo una perspectiva de desarrollo humano debe impulsar un compromiso social amplio de combate a la enfermedad.

El proyecto de reforma contempla también la asignación de recursos para el funcionamiento del ente rector, a través de su inclusión en la Ley General de Presupuesto y Gasto Público, así como el monitoreo sobre la gestión y destino de esos recursos y de otros que pueden obtenerse de la cooperación nacional o internacional.

Igualmente importante y necesaria resulta la incorporación del enfoque de equidad de género en el contenido de la propuesta de reforma, ya que el aumento progresivo de mujeres viviendo con el VIH y/o SIDA en todo el mundo y el reconocimiento que las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres ubica a estas últimas en situación de desventaja para hacer frente a la epidemia, demanda de un instrumento jurídico que tome en cuenta este importante componente sociocultural.

Sobre el particular, la referida propuesta encuentra su fundamentación en los datos obtenidos de múltiples estudios, censos y encuestas realizadas en distintos países y en los acuerdos e instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos de las mujeres ha ratificado el Estado dominicano. Estos instrumentos jurídicos comprometen a nuestro Estado en la definición de leyes, políticas y planes que garanticen iguales oportunidades para hombres y mujeres viviendo con VIH y/o SIDA de manera que puedan acceder a servicios de atención integral, garantizando la necesaria distribución de recursos y la participación de las mujeres en la definición e implementación de la política pública para enfrentar esta enfermedad.

Con dicho propósito se establece, entre otras acciones, la obligatoriedad gubernamental de impulsar campañas de educación permanentes, que promuevan cambios en las prácticas sexuales de hombres y mujeres, manifestadas también en su comportamiento ante el VIH y SIDA.

El lenguaje inclusivo, como el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas viviendo con VIH y/o SIDA, forman parte también de este enfoque contenido en el proyecto de reforma, el que incluye el derecho a recibir el tratamiento preciso para disminuir los riesgos de salud tanto de la madre como de la criatura, en caso de que la mujer decida procrear.

En ese sentido, vale destacar que se contempla además la protección de la salud de las mujeres viviendo con VIH, y que se les aplique el tratamiento preventivo para la transmisión vertical en el momento del parto, estableciendo el derecho a recibir tratamiento antirretroviral de por vida, al igual que sus hijos o hijas que resulten viviendo con el VIH.

Consideramos, finalmente, que la aprobación y efectiva aplicación de esta propuesta de reforma a la Ley de SIDA contribuirá de forma decisiva en la lucha contra la enfermedad, en tanto está orientada a la prevención de la enfermedad, la garantía de derechos humanos de las personas viviendo con VIH y/o SIDA, asegurando el acceso a tratamiento adecuado y oportuno, a la calidad y gratuidad de los servicios médicos, psicológicos, legales y sociales, enfrentando el estigma y la discriminación relacionados con esta epidemia, fortaleciendo la institucionalidad de la política pública en ella contenida y promoviendo la participación y el control ciudadano.

(*) Alina Ramírez: Cooperante del CID para abogacía en Colectiva Mujer y Salud.

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