La mayoría de esas 23 mil criollas padecen el estigma que ha alimentado durante 20 años al imaginario popular, creador de “la rubia del SIDA” para identificar a la mujer como causante y propagadora de la enfermedad y someterla, cuando resulta infectada, a los más despiadados juicios morales.

Pero ésa es apenas la punta de
un compacto témpano de problemas cuya base queda oculta en las profundas y oscuras aguas del silencio, el secretismo, la discriminación y la falta de compromiso social: generalmente, la mujer VIH positiva no consigue trabajo o pierde el que tenía, se empobrece aún más, queda sin pareja, tiene muy limitado acceso a medicamentos, muere a destiempo y deja hijos/as huérfanos/as.

Como afirma el doctor Peter Lamptey, presidente del Instituto de VIH/SIDA de Family Health International (FHI), “la mujer es particularmente afectada por la pandemia de SIDA porque no tiene control sobre las circunstancias y se ve agobiada por la pobreza y la injusticia social. Los aspectos biológicos y el comportamiento de su esposo o amante la colocan en una situación de alto riesgo”.

Desempleo

La primera violación de derechos a la que se enfrentan las mujeres trabajadoras en República Dominicana es la realización involuntaria de pruebas de detección de anticuerpos del VIH por parte de sus patronos o posibles empleadores, a pesar de que tal práctica está prohibida por la Ley 5593 sobre SIDA. Que esta disposición legal es letra muerta, queda manifiesto en el testimonio de Sergia Báez, de 33 años, recogido en un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, de junio de este año:

“Fui a buscar trabajo otra vez en un hotel en Bávaro. Gasté mil pesos para conseguir mis papeles. Me hicieron una entrevista. Me enviaron a hacer análisis. Al día siguiente, ellos me dijeron que no podían darme el empleo por que tenía VIH. Sólo por eso”.

El desempleo es el principal efecto de la realización involuntaria de pruebas de VIH, como expone Rosa Polanco, una madre de 34 años que fue despedida a causa de su seroconversión: “Si yo no hubiera tenido el VIH, estaría trabajando, estaría con mis hijos. Valgo menos que otras personas porque la gente me trata como si fuera una parásita social. Me gustaría ser útil otra vez”.

Atención deficiente

Uno de los aspectos más preocupantes de la epidemia de SIDA en República Dominicana es su rápida feminización, al decir de la especialista Judith Timyan, subdirectora del Proyecto CONECTA, a través del cual USAID y FHI destinan 25 millones de dólares para enfrentar el VIH/SIDA, y apoyar la inmunización infantil y el cuidado obstétrico en un período de cinco años.

Pero el sistema de salud pública en el país, aunque ha hecho esfuerzos por mantener estables las tasas de infección, no ha podido responder adecuadamente a las necesidades sanitarias de las mujeres ya infectadas.

Human Rights Watch señala tres importantes aristas de esta realidad: escasa consejería, lo cual impide a las mujeres ejercer su derecho al consentimiento informado en materia de pruebas y tratamientos; la divulgación rutinaria y no autorizada de exámenes de VIH confidenciales; y la postura de muchos profesionales de la medicina de evadir, posponer o negarse a practicar determinados procedimientos médicos a las seropositivas.

“Esos diferentes tipos de abuso constituyen por sí mismos violaciones a los derechos humanos. En un contexto de severa inequidad sexual y subordinación social de la mujer, ellos se exacerban unos a otros, así como al estigma y a la discriminación que enfrentan las mujeres que viven con el VIH”, agrega.

Un ejemplo de ello es el caso de Isabel Guzmán, de 22 años, quien durante su segundo embarazo descubrió que era VIH positiva. Al dar a luz, “tuve que limpiarme yo misma, yo sola. Ellos (los doctores) no limpiaron a mi bebé. Mi madre lo limpió. Una enfermera no quería inyectarme. Ella le dijo a mi madre que ella no quería hacerlo (porque yo era VIH positiva)”.

De los devastadores efectos de la ausencia de confidencialidad en el tratamiento de la información médica de muchas mujeres VIH positivas, da cuenta el testimonio dado
a Human Rights Watch por Rosa Polanco, de 34 años. Un médico, de forma muy ruda, le dijo frente a sus hijas que ella tenía SIDA porque no había sido cuidadosa. A consecuencia de esa revelación, su madre la echó de la casa y tuvo que mudarse a una choza sin servicios sanitarios, electricidad ni agua corriente, en un barrio de Santiago conocido como “La Parte de Atrás”.

“Cuando yo vivía en mi casa, tenía que limpiar el baño cada vez que lo usaba, tenía que lavar mis platos por separado. Mi madre me dijo que no tocara a mis niñas. Ella me botó. Un tío me dio un pedazo de tierra y yo hice una choza… sin agua, sin luz, sin piso… Yo tenía que hacer mis necesidades en una bacinilla y tirarlas afuera”.
 

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