Ciudadanía también hace pensar en obligaciones, en la nacionalidad y el conglomerado humano que habita un país. Asumirse ciudadanas puededar a las personas un sentido de membresía o pertenencia a aquello que les rodea; de derecho a tomar decisiones y tener acceso a protección legal y justicia.

El concepto tradicional de ciudadanía, originado en la teoría política occidental sobre la democracia, se basa en la noción del individuo como miembro de una naciónestado democrática, que le confiere protecciones y le permite participar en la vida pública y la toma de decisiones. El “auténtico ciudadano”, inicialmente concebido como un guerrero capaz de pelear y morir por su país, pasó a ser elector democrático y a partir del siglo pasado, como votante consumidor, empezó a intercambiar contratos en el mercado.

Es fácil apreciar por qué ese concepto tradicional resulta problemático para las mujeres y ha dado lugar, especialmente en las últimas dos décadas, a una serie de análisis feministas que lo desmenuzan para exponer las diversas formas en que nuestro género ha quedado fuera de las bondades de la ciudadanía. Sabemos, después de todo, que en muchas partes del mundo hemos estado marginadas dentro de la democracia. Si hablamos del derecho al sufragio, éste es relativamente reciente y todavía muchas mujeres votan desinformadas o bajo presión. Por otra parte, somos las más afectadas por el militarismo y los conflictos armados iniciados por hombres poderosos.

Un problema adicional con el concepto de la ciudadanía universal es que se basa en individuos neutros y abstractos, sin género, raza, clase, etnicidad o cualquier otra relación social que indique que se trata de personas reales. Así, la igualdad consagrada en la ley no considera que distintas personas tienen necesidades diferentes y por tanto es ciega a las especificidades de las vidas de la gente.

Por otro lado, la economía neoliberal como modelo hegemónico que limita las funciones del Estado y por ende, las posibilidades de que éste atienda a las personas más desfavorecidas, está restringiendo la capacidad de los y las ciudadanas para exigirle cuentas al Estado y a las instituciones financieras internacionales que imponen las políticas de ajuste estructural que afectan con mayor severidad a las mujeres.

Tampoco olvidemos que para los hombres el ejercicio de sus derechos ciudadanos sigue siendo posible gracias al trabajo de las mujeres en la esfera privada, en el hogar, lo cual dificulta que ellas participen en la política, pues el trabajo doméstico y la generación de ingresos absorben su tiempo y energía, además de que su autonomía es restringida por la autoridad masculina. Por ello, las académicas feministas afirman que no sólo los intereses de nuestro género, han sido excluidos: también las mujeres mismas hemos quedado físicamente marginadas de la política, pese a los derechos políticos consagrados en la ley.

La nociudadana

Dados los múltiples significados que la ciudadanía puede tener para distintas personas, y a falta de un concepto abarcador en el que las mujeres nos sintamos incluidas, veamos algunas formas sencillas en que se manifiesta nuestra exclusión de los derechos ciudadanos.
Resulta que al llegar a los 18 años todavía estamos sujetas a una serie de condiciones que nos impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía. Un hombre “sale al mundo” aun antes de los 14 años, pero su hermana sigue guardada y protegida en la casa a los 25, con menores probabilidades de superarse porque el destino impuesto es que aspire a casarse y reproducirse. A los 18 adquirimos el derecho a votar por alguien que se postuló a conducir el país, pero podemos estar seguras que será un hombre para quien los derechos de las mujeres (como también de otros con menos poder) tendrán muy poca o ninguna importancia. Y quizás descubramos que el nuevo presidente deberá pagar todas las facturas que les debe a ciertos grupos poderosos por haber apoyado su campaña proselitista.

Ello significa, entre otras cosas, que la igualdad y libertad de decisión que la Constitución dice garantizarnos, y sobre todo si hablamos del ámbito sexual y reproductivo, dependerán de una legión de fuerzas, a menudo ultraconservadoras, que, sistemáticamente, nos impiden el pleno ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.

Como van las cosas, la ciudadanía nos da derecho a heredar un mundo plagado de problemas: severo deterioro ambiental, militarismo y racismo exacerbados, además de fundamentalismos religiosos. Afganistán es buen ejemplo de cómo peligran los derechos ciudadanos de la mitad de la población cuando no hay una clara separación entre Estado e Iglesia y la religión tiene preeminencia. Aunque el pasado enero se adoptó allá una nueva Constitución que garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de mujeres y hombres, una de sus cláusulas estipula que “ninguna ley puede ser contraria a las creencias y disposiciones de la sagrada religión del Islam”. Múltiples son las formas en que esa norma puede ser aplicada para reprimir la autodeterminación de las mujeres.

Enderezar el camino

Sin duda, las soluciones comienzan por erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Feministas que han estudiado estas problemáticas proponen cambios importantes para revertirlas. Aquí destacamos algunas de sus sugerencias:

El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos requiere dejar de ver los intereses de las mujeres como asuntos familiares o privados y considerarlos cuestiones públicas (por ejemplo, la violencia en el hogar y la violación conyugal), además de valorizar el trabajo doméstico como un aporte al bien común. Las luchas por los derechos de las mujeres y el activismo comunitario deben considerarse políticos y hay que valorar las múltiples maneras en que ellas se involucran y toman decisiones en las comunidades, las redes y asociaciones informales. Después de todo, es este involucramiento lo que a menudo resulta significativo para las mujeres, dada su falta de experiencia en la política formal, sus compromisos familiares y las restricciones a su libertad de movimiento.

Otra importante recomendación, sobre todo en vista de la arremetida privatizadora, es que las agencias donantes y actores estatales, valoren y refinancien la seguridad social, los cuidados infantiles y los servicios, enfocando las necesidades de seguridad de las mujeres como parte esencial de los proyectos de desarrollo nacionales y comunitarios.

En definitiva, la ciudadanía implica mucho más que emitir el voto, tener cédula y pasaporte, postularte a las elecciones o elegir a quien, al fin de cuentas, no va a representarte. Desde aquí planteamos que es derecho de todas las mujeres participar plenamente en las pequeñas y grandes decisiones que afectan nuestro diario vivir. Y sostenemos que cada aporte, cada grano de arena que ponemos, es una importante contribución a nuestra autoestima y al bien común de la nación incluyente y equitativa que estamos construyendo.

Fuente: publicado en la revista guatemalteca La Cuerda. Se basa en el informe: “Género y ciudadanía”, de Shamim Meer y Charlie Sever, una publicación de febrero del 2004 de BRIDGE, disponible en www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

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