Esta verdadera calamidad que no es privativa de ninguna sociedad, no es sólo la que más víctimas provoca. También es la que convoca menos esfuerzos estatales y recursos.

Más víctimas que el terrorismo para el que, a falta de otro terrorismo que no sea el de los precios, curiosamente, aquí contamos con un batallón antiterrorista, provoca la violencia machista. Además del creciente número de mujeres asesinadas, desaparecidas y agredidas, hay que considerar las familias rotas, los menores desamparados y los costos económicos, incluso, que para nuestra sociedad supone esa violencia que no cesa.

Sin embargo, las respuestas de las autoridades siguen negándose a aceptar la naturaleza del problema, sus raíces. Desde opiniones tendentes a restar importancia a esta verdadera desgracia, hasta comentarios como el del Cardenal reclamando más oraciones para enfrentarla, se echan en falta medidas concretas, drásticas, efectivas.

El nuevo gobierno de Zapatero en el Estado español, gobierno compuesto, por cierto, por 15 ministros y 15 ministras, en su primer Consejo de gobierno adoptó diez puntos encaminados a hacer frente a la violencia machista en base a tres líneas: la educación cívica con respecto al problema, la represión del delito y del delincuente, y la asistencia a las víctimas.

La educación sexual, prohibida en nuestras escuelas o reducida a su mínima expresión, es parte de la solución en ese primer apartado educativo. Igualmente, la necesidad de identificar el problema, los orígenes de una conducta que mientras sigamos escondiendo con eufemismos, seguiremos también postergando su respuesta.

Empezar a hablar de “violencia machista” es una buena forma de empezar a focalizar el problema. Persistir en conceptos como “violencia intrafamiliar”, seguir titulando en los medios de comunicación que “la mató por amor”, o “estaba celoso”, hablar de “delitos pasionales” no nos ayuda ni a entender el drama ni a aportar respuestas para su solución.

Junto a lo que se pueda hacer en el orden educativo, importa que las leyes se adecuen a esta realidad, que se cumplan las ya vigentes, que las víctimas de una violación, de una agresión, no lo sean también en los destacamentos policiales, en los dispensarios médicos, o en los juzgados.

Y además de educar y reprimir es preciso asistir a las víctimas, allá en el Estado español, como aquí, como en cualquier sociedad. Algunas de esas diez medidas de urgencia dispuestas por el gobierno español podrían aplicarse también aquí.

La detención y prisión provisional inmediata, por ejemplo, del agresor cuando incumpla una orden de alejamiento. La suspensión del régimen de visitas a los hijos por parte del agresor cuando así lo considere la justicia o el considerar como un “colectivo prioritario” a las mujeres víctimas de la violencia machista, son parte de esas medidas que se van a implementar en el Estado español y que bien podrían ser acogidas aquí.

Y estas medidas que ya eran urgentes ayer, hoy son absolutamente prioritarias e imprescindibles porque, como sociedad, los cacareados retos del nuevo milenio con los que algunos políticos se llenan la boca y los bolsillos, son mucho más mundanos y simples que transformarnos en modernas versiones de grandes urbes estadounidenses o en crear ciudades cibernéticas allá donde ni siquiera hay energía eléctrica.

Nuestros retos pasan por empezar a poner fin a la violencia machista y hacer posible el día en que una mujer no enlute la crónica “pasional” del día, el día en que no la descrimine un salario, no la insulte un comercial o una canción y no sirva de “jocoso” comentario para un conductor de televisión descerebrado. El día en que una mujer pueda caminar por una calle sin tener que desear quedarse sorda, el día que no viene, que no llega, que no es.

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