Una valoración cuantitativa de esos resultados evidencia un franco avance de la participación femenina en esas estructuras de poder político. Desde la instauración del Poder Popular en 1976 hasta hoy ha tenido lugar, con algunos retrocesos en los años 80, un aumento neto de la participación de las mujeres en el Parlamento, que hoy las convierte en un 35,9% de su membresía. Estas cifras las colocan en un puesto privilegiado a nivel mundial, sólo superadas por los países escandinavos, y en nuestro continente en un primer lugar, por delante de Costa Rica y Argentina con 35,1% y 33 % respectivamente.

Pero, ¿cómo ha sido el camino recorrido por ellas para alcanzar esta alta representación parlamentaria?

En el discurso oficial cubano no se incluye la política de las cuotas para la promoción de las mujeres a las instancias legislativas y de gobierno. Se considera que ellas se irán imponiendo a medida que su real protagonismo lo posibilite. Aunque la realidad muestra un desarrollo no lineal ni con la velocidad deseable y necesaria acorde con los méritos que se han ganado las cubanas, antes y durante los años de poder popular.

Este proceso se inicia en los barrios, divididos en circunscripciones electorales que tienen cada una varios cientos de electores/as. Las propuestas de candidatos/as nunca menos de dos y hasta ocho surgen del seno de la comunidad. Y en este nivel, las estadísticas recogen como promedio que por cada 3 hombres nominados hay una sola candidata.

¿Por qué se da esta situación en un país en que ellas son dos tercios de los técnicos de nivel medio superior o universitario, casi la mitad de la fuerza laboral estatal y su protagonismo en otras esferas es incuestionable? Sencillamente porque la población de esas circunscripciones sabe que ellas tienen menos tiempo libre y nivel de relaciones que los hombres para solucionar los problemas de la cotidianidad; porque persiste un paternalismo y no sólo de los masculinos que las “protege” para que no se vea lastimado su accionar hogareño y los roles tradicionales que perduran; porque ellas tienen muy poco tiempo libre, esta responsabilidad no las liberaría tampoco de su trabajo remunerado; porque ciertamente, a este nivel de barrio y municipio, las tareas se multiplican y exigen una dedicación extrema. Por último, pero no por ello menos importante, debido a la mentalidad machista de la sociedad cubana.

El resultado de las últimas elecciones nos lleva a otras consideraciones. Es muy significativo que la cifra de 23,4% de delegadas electas en los barrios se logró sobre la base de apenas un 25% de mujeres candidatas. Por tanto, nos hace pensar que la población las escogió a casi todas, porque consideró tenían una trayectoria política y social superior a las de sus contrincantes varones.

Una vez constituidas las Asambleas Municipales con la totalidad de delegados/as de la base, se procede por éstas a aprobar las candidaturas que para los otros dos niveles, el provincial y el nacional, les presenta una comisión creada a tales efectos, tras escuchar el parecer de las organizaciones de masas que agrupan en Cuba a las mujeres, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, y la comunidad a nivel de cuadras.

Y es aquí donde comienza a revelarse una tendencia que contradice lo que sucede en todas las otras organizaciones políticas y de masas del país, donde ellas son mayoría en el trabajo de la base y desaparecen, en mayor o menor grado, a medida que nos acercamos a los niveles más altos de dirección, con excepción de los/as estudiantes no universitarios y los/as escolares. También en el contexto partidario se destaca el hecho de que en el Buró Político sólo haya en estos momentos 2 mujeres de un total de 24 miembros/ as y en su Comité Central 20 mujeres y 130 hombres, cifras que representan 8,3% y 13,3% respectivamente.

Hay mucho de verdad en las afirmaciones de dirigentes del parlamento cubano y de las comisiones de candidaturas cuando han expresado que, “cuando la comisión tiene la opción de escoger entre una mujer y un hombre con iguales méritos, escogemos a la mujer”, lo que se refleja en ese gran salto: de 23,4% en la instancia municipal a cifras de alrededor de un 36% en el nivel provincial y nacional.
    Como la elección de esos delegados/as y diputados/as no es competitiva como en los barrios, sino que resultan electos/as si reciben más del 50% más uno de los votos, el trabajo previo de esas comisiones y la ulterior aprobación de la candidatura en los municipios, es definitoria. Criterios similares han primado para modificar la composición racial de esos órganos legislativos, que por primera vez se han “coloreado” en mayor grado, aunque aún no reflejen plenamente la proporción de los diferentes componentes raciales del pueblo cubano.

A manera de ejemplo ofrecemos estos datos globales de la Asamblea Nacional en cuanto a su actual composición racial: 67,2 % de blancos/ as, y 31,8 de negros/as y mestizos/as. Específicamente para las mujeres esas cifras fueron más equilibradas con 53.5% de blancas y 56,5% de negras y mestizas.

Limitaciones que persisten aún con esa voluntad de equidad genérica y racial:

La insuficiente presencia femenina en la presidencia de las comisiones de trabajo de las Asambleas, diez en total y sólo dos de ellas presididas por mujeres: la de Ciencia y Educación y la de la Atención a la Niñez y a la Igualdad de la Mujer.

La necesidad de un mayor equilibrio de género en dichas comisiones. Por ejemplo: en la de Relaciones Internacionales hay 3 mujeres de 17 miembros/ as, en la de la Actividad Productiva 36 hombres y 4 mujeres, en Asuntos Económicos, 13 hombres y 7 mujeres. Todas comisiones claves para el desarrollo del país.

La reducida presencia femenina en el Consejo de Estado. Actualmente hay en él 6 mujeres y 25 hombres, para un 19,4% de representación femenina. Ninguna de sus vicepresidencias las ocupan ellas. Es de subrayar que tanto las Comisiones de la Asamblea Nacional como el Consejo de Estado resultan las máximas instancias de poder entre las dos sesiones semestrales ordinarias de la Asamblea Nacional.

La no correspondencia de lo logrado por la mujer y su lugar en la política, hecho éste reconocido por el actual presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón.

En tal sentido este órgano legislativo tampoco tiene ni siquiera una vicepresidenta. Muchas otras consideraciones podrían, en un futuro, complementar estas reflexiones:

Un análisis pormenorizado de la representación femenina por municipio en la Asamblea Nacional y Provincial tal vez detectara omisiones notables, como es el caso de un municipio clave en la vida económica del país, el centro turístico de Varadero, que no tiene representación femenina en su Asamblea Provincial. O provincias que tuvieron un relativo alto número de delegadas electas en la base y sin embargo tienen una menor participación en el nivel nacional, como es el caso de la provincia de Cienfuegos con un 32 % de mujeres electas en la base y sólo un 26 %, 6 mujeres de 23 entre el número de parlamentarios/as a que tiene derecho según la ley. En contraposición, Pinar del Río, con una pobre presencia femenina en la base, menos de un 17% tiene el 41% de mujeres entre sus parlamentarios/as. En ambos casos sólo puede explicarse esta desarmonía por los criterios de selección de las Comisiones de Candidatura y de las organizaciones de masas. Como dato curioso apunto que estas dos provincias son las únicas que tienen primeras secretarias del partido en todo el país.

Asunto de singular importancia reviste, además, la necesidad de lograr que delegadas y parlamentarias no actúen siguiendo las reglas de juego masculinas, sino que elaboren su propio discurso desde su ser mujer, tomen la palabra no sólo como maestras y médicas extensión de los roles tradicionalmente femeninos y sean más activas en los debates en materias de toda índole.

Muy estimulante resultó en el último período de sesiones de la Asamblea Nacional, en diciembre del 2003, poder escuchar la exposición de la ministra de Finanzas y Precios, Georgina Barreiro, acerca de los lineamientos fundamentales de su ministerio para el nuevo año. Cierto es que habló todo el tiempo como un funcionario varón, en el sentido que no se refirió más de lo que lo hubiera podido hacer su predecesor masculino en temáticas específicas de y para la mujer; pero verla y escucharla allí, segura, capaz y decidida, nos alienta en este empeño de que nuestros hombres de la política comprendan que el género los incluye también a ellos y que asuman, junto a nuestras empoderadas delegadas y diputadas del poder popular, el papel que les corresponde en la batalla por la equidad genérica que debe llevarse en Cuba a nuevos ámbitos.

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