Para mediados de octubre eran ya 85 –según la SEM las mujeres asesinadas este año por quienes habían sido o eran en ese momento sus compañeros. En un estudio sobre los “feminicidios” o asesinatos de mujeres, editado por la abogada e investigadora Susi Pola y Profamilia, hasta el 28 de septiembre de este año se habían verificado 65 homicidios de mujeres, el 70% cometido por “un hombre con el cual la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a esta”, según el estudio.

“Creo que un porcentaje muy bajo de los casos está pasando a manos de un juez”, dice Mildred Beltré. “Para llevar un proceso legal hasta el final una mujer necesita apoyo emocional, recursos que no tiene y que el Estado no le proporciona”.

Los obstáculos para iniciar el proceso no son pocos. La mujer tiene que poner la querella, llevar la orden de protección o la de conducencia porque no hay un alguacil que se encargue de este procedimiento. Esto implica que si el agresor tiene prohibido acercársele y lo hace, la mujer debe conseguir un policía, mostrarle la orden y hacer que se cumpla. Igualmente debe ir a la Policía si la orden es de conducencia, para que se ejecute la prisión de su agresor. Como si fuera poco, tiene que dirigirse al médico legista de la Fiscalía con la vestimenta “apropiada” (mangas largas incluidas). La magistrada Morales cuenta que a veces las mujeres llegan en bata de dormir, huyendo. En Villa Juana no hay un legista ni hay espacio para ubicarlo. Además de todo eso, la agredida tiene que pagarse su asistencia sicológica, ajustarse al horario de lunes a viernes hasta las 3:00 de la tarde del destacamento “amigo”... y una larga lista de etcéteras.  

Si la sobreviviente de violencia logra superar todos esos escollos y llevar su caso hasta los tribunales choca con otros muros muy altos. “El primer obstáculo que encuentra es el juez, que muchas veces no le cree, no la entiende, cuando tiene que recurrir a su íntima convicción, no cree realmente que tiene que aplicar lo que dice esa ley, y le busca la vuelta”, explica Beltré.

Esta indiferencia o incapacidad del sistema para dar seguimiento a los casos de violencia se traduce en una gran cantidad de muertes que podían haber sido evitadas. Belkis Genao, periodista de la revista Sucesos que se ha convertido en la abanderada del tema de violencia contra la mujer, lleva las estadísticas más certeras sobre esta problemática que ya vivió en carne propia. El 25 de septiembre, su hija de 19 años fue asesinada por su esposo.

En su recopilación estadística del año pasado, publicada el 19 de noviembre, Genao divulgó que de 87 mujeres asesinadas hasta esa fecha, al menos 20 se habían querellado previamente con las autoridades. El 23% de esos crímenes pudo haberse prevenido.

Cifras que hablan por su ausencia

Lo más interesante de las estadísticas del destacamento amigo de Villa Juana es lo que no dicen. De 9,671 querellas recibidas el año pasado, 1,557 fueron conciliadas, un procedimiento muy cuestionado por las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

Apenas 349 expedientes fueron sometidos a la Fiscalía del Distrito, 84 fueron “declinados a las jurisdicciones correspondientes” y cinco fueron desestimados. Sumados a los casos suspendidos y los pendientes, las estadísticas proporcionadas para ese año ascendieron a 2,067 de los cuales el 75% fue conciliado. ¿Qué pasa entonces con los 7,604 expedientes que no se incluyen en estas estadísticas? Corresponden a los casos que por falta de recursos, o por negligencia, indiferencia, miedo de la querellante, por “acuerdos” debajo de la mesa, se han perdido de vista. Son las denuncias que “se quedan así”. Hasta que llega la tragedia.

Este año, los números hablan de 8,206 querellas recibidas por Villa Juana. Pero la historia se repite. En abril se contabilizaron 1,024 casos, pero sólo 112 fueron sometidos. En mayo, de 1,904 sólo 24 pasaron a la Justicia (12 como casos correccionales y 12 como criminales). En junio, de 937 casos 16 fueron sometidos como correccionales y 9 como criminales. En julio de este año, 1,141 personas se querellaron por violencia intrafamiliar y apenas 26 casos fueron sometidos, 16 como criminales. En agosto, sólo 27 de 933 expedientes fueron sometidos, nueve como criminales.

Los pocos casos que llegan a la Fiscalía tienen un destino similar. La mayor parte de las pocas condenas por violencia doméstica fueron de un año y RD$500 de multa hasta la fecha, según las estadísticas correspondientes a 2002 obtenidas en la Fiscalía del Distrito Nacional. Un total de 28 de los 59 agresores condenados recibió esta sanción. Otros 16 fueron condenados igualmente a un año, con multas que iban desde los RD$1,000 hasta los RD$50,000, de este último sólo uno. La mayoría de las condenas corresponde a la duodécima sala de la cámara penal del juzgado de primera instancia, que acumula 36 de las condenas, para un 61%. La más alta fue de 5 años.

La situación fue similar el año pasado. De las 114 condenas, 51 fueron de apenas un año, en algunos casos sin multa. Un total de 38 casos tuvo penas menores de un año de reclusión en 2001, de las cuales 20 no cumplieron cárcel, sino que pagaron multas de entre RS$300 y RD$2,000. Sólo en un caso la multa ascendió a RD$50,000 y hubo dos condenados que no cumplieron tiempo ni pagaron multa.

Entre las razones de ser de la ley 2497 contra violencia intrafamiliar está el aumento de las sanciones contempladas por el código penal para los casos de violencia doméstica. Los números dejan claro que poco ha cambiado en la mente de quienes aplican la justicia.

A paso de tortuga

En lo que va de año, los 12 tribunales del Distrito han recibido 235 casos, de los cuales apenas se dan como “decididos” 86 de ellos, para un 37%. La cantidad es mínima si se toma en cuenta que, sólo en el destacamento de Villa Juana se habían recibido 8,206 querellas hasta septiembre de este año.

En 59 de los casos los acusados fueron condenados, a penas no mayores de 5 años aunque, para los casos criminales, le ley estipula hasta 30 años. En un total de 27 casos el agresor no fue condenado.

A estas cifras frías, que no reflejan el entramado de dolor que hay detrás de la violencia doméstica, hay que sumarle los 195 casos que quedaron sin solución el año pasado y los 76 que fueron a instrucción.

Desde enero hasta la fecha, los juzgados de instrucción han recibido 81 expedientes criminales por violación al articulado 30901 de la ley 2497, sobre violencia intrafamiliar.

El año pasado fueron condenados por violencia contra la mujer 114 agresores, doce en contumacia (el acusado no se presentó), 23 fueron descargados, cinco declinados, dos cumplieron la pena y dos prescribieron. Sólo en Villa Juana se recibieron en 2001, un total de 9,671 querellas de este tipo.  

A los 149 casos de violencia contra la mujer sin decisión en los tribunales hay que sumarle los 195 casos que quedaron sin solución el año pasado.

El problema de las conciliaciones

“El ministerio público nuestro cree que debe conciliar en esta materia y eso es lo primero que propone y promueve. La ley debería prohibir la conciliación, al menos en el proceso inicial”, explica Mildred Beltré, encargada del departamento de Defensoría de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM).

La magistrada Kirsys Morales, sofocada por trabajar con todas las precariedades y con hasta 150 casos diarios, trata de justificar las conciliaciones explicando que la ley 2497 establece que si la mujer no presenta lesiones físicas que le impidan desenvolverse por más de 20 días, se puede conciliar. Y aunque Morales entiende que estos parámetros no son suficientes, pocas cosas lo son en su línea de trabajo. En Villa Juana hay, con ella incluida,  tres magistradas, un asistente y cuatro paralegales.

Las precariedades económicas del sistema son cómplices en esta tragedia que crece en espiral. A pesar de que la ley 2497 prevé la ubicación de las personas víctimas de violencia intrafamiliar en hogares de acogida temporal, esto –al igual que otros segmentos de la ley no pasa de ser tinta y papel desde hace cinco años. No extraño que la mujer que en la mañana se querella contra su agresor, tiene que dormir esa noche con él en la misma casa, en la misma cama.

El 11 de abril de este año, la entonces senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley aprobada por la cámara Alta 21 días antes. El fin del anteproyecto, que perimió en la Cámara de Diputados, era instituir “casas de acogida o refugios que servirán de albergue seguro, de manera temporal, a las mujeres y sus hijos e hijas que sean víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica”. Para costear los centros de acogida, el anteproyecto plantea que se destine el 1% de las recaudaciones por porte y tenencia de armas de fuego.

La SEM anunció esta semana que está en proyecto la construcción de una casa de acogida, dentro de las iniciativas para mitigar el problema. Pero aún no hay fechas concretas.

Compartir:

>> ¿Qué es esto?

Para agregar sus comentarios a este artículo, favor acceda con su cuenta de usuario.
Si aún no tiene una, puede registrarse de manera gratuita.