Achicados, desmantelados de sus potestades y autonomía, y fieles a lo propuesto en los acuerdos de liberalización comercial, los Estados, que en principio tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de sus poblaciones, se afanan en privatizar los servicios públicos, tales como la educación y la salud, colocando a las personas ante el imperativo de comprarlo todo, en un mercado muy preocupado por el lucro y lejano de las consideraciones humanas y el bienestar colectivo.
La guerra militar y económica son dos caras de la misma medalla, las dos son violentas, matan y subsumen las necesidades de los pueblos a aquellas de los poderes sean estos políticos, económicos o ambos. La resistencia mundial Saber que lo que está en juego es nada menos que la supervivencia humana y del planeta, conjuntamente con los principios éticos y de derechos que se crearon para mantenerlos, es un motor para cientos de iniciativas que están en marcha en todas partes. Por eso, de la misma manera como la oposición a la guerra ha levantado voces por millones, las resistencias a los tratados de la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA, que más que de comercio tratan de la apropiación del mundo, sus recursos y hasta de las personas, son cada vez más contundentes. Así, al tiempo que se realizará la Conferencia Ministerial de la OMC, del 10 al 14 de septiembre próximo, en Cancún México, para procurar el afianzamiento de la agenda llamada de 'temas nuevos', que incluye: inversiones, políticas de competencia, compras estatales, y facilitación del comercio, cuyas consecuencias previsibles afectarán principalmente al empleo y la soberanía, los movimientos se congregarán en el 'Foro de los Pueblos por una Alternativa a la OMC, que se desarrollará entre el 9 y el 14 del mismo mes y en esa misma ciudad, con diversas actividades culturales, de análisis, debate y afianzamiento de propuestas alternativas al mencionado libre comercio... ...Para resistir a la imposición del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, por convocatoria de la Campaña Continental contra el ALCA, se vienen realizando en los países del hemisferio distintas iniciativas de sensibilización y acción, tales como consultas populares, campañas nacionales, convenciones, y otras…que desde todos los países del hemisferio permitirán aunar voces para insistir en el anhelo de paz y justicia: Ni guerra, ni libre comercio. Guerra y libre comercio se fundamentan en la imposición del más fuerte, encierran, en los hechos, la legitimación de las relaciones desiguales entre las personas y los pueblos, la vulneración de la soberanía de los países, y tienen que ver con un proyecto de sociedad que no se limita al control de recursos y la libertad comercial, sino que atañen al conjunto de relaciones humanas. Así como la llamada guerra permite el control económico y político de los pueblos invadidos, los contenidos liberalizadores del ALCA y la OMC están orientados a garantizar a las corporaciones el acceso irrestricto a los recursos naturales y al trabajo de las personas, dejando de lado cualquier consideración ecológica o de derecho, que limite su campo de acción y sus ganancias reales o potenciales. Ambas, guerra militar y económica, apuntan a desvalijar a los pueblos de su autodeterminación y visiones de desarrollo; un ejemplo de ello
es la privatización de la tierra y el agua, que no sólo los despoja de estos recursos esenciales para la vida, sino que los sustrae de las posibilidades de soberanía alimentaria y desarrollo autónomo, poniendo en riesgo hasta modos de vida históricos, como es el caso
de las comunidades campesinas.
En países donde la mayoría de las personas viven de la agricultura y
la pesca, la propuesta de la OMC y el ALCA de dejar que las fuerzas del mercado regulen la política agraria y, por ende, alimentaria, además de poner en riesgo la agricultura nacional y de autosustento, ha incrementado el hambre, tanto por el encarecimiento de este tipo de producción como por la invasión de productos industriales de costo y calidad menor. De igual forma, la anulación de las legislaciones de protección del medio ambiente, consideradas como una barrera para el libre comercio, expone la naturaleza a la avidez de las corporaciones. La tala de bosques, la depredación de los recursos naturales, la contaminación de la tierra, el agua y el aire, entre otros, están eliminando la armonía de los ecosistemas y ponen en riesgo la biodiversidad, con el correlativo impacto negativo en la salud de las personas. Más aún, al ritmo que van las cosas, hasta la propia vida del planeta tiene fecha de vencimiento. El control del mundo inherente a la guerra militar y económica también se extiende al patrimonio cultural y de conocimientos de los pueblos. Con la imposición de los derechos de propiedad intelectual (TRIPs), estipulados por la OMC, que tienen que ver con las patentes, derechos de autoría, y marcas registradas, está en marcha la apropiación de conocimientos tradicionales como los de los pueblos indígenas, principios de vida, materiales genéticos, y otros, cuya monopolización por parte de las corporaciones o de individuos solo legitimará el saqueo y la apropiación privada del futuro del mundo, por las buenas o por las malas. Los riesgos inherentes a la aplicación de los acuerdos de libre comercio no son hipotéticos, pues en los treinta últimos años de su expansión intensiva, se han ensanchado las desigualdades dentro y entre los países... Notas: (1) Creada en 1995, la Organización Mundial de Comercio OMC incluye a 145 países de todo el mundo, su propósito es impulsar el fortalecimiento del libre mercado, a través de un conjunto de políticas en materia de comercio, desregulación, inversiones, y otros. Esta organización administra y ejecuta cerca de veinte acuerdos comerciales distintos, entre ellos el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios GATS, el Acuerdo sobre Agricultura, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual TRIPs. (2) El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA involucra a 34 países del hemisferio. Su desarrollo está repartido en nueve grupos: servicios, agricultura, inversiones, compras del Estado, derechos de propiedad intelectual, solución de controversias, políticas de competencia, acceso a los mercados, subsidios, antidumping, y derechos compensatorios. Contempla, entre otras, medidas que habilitan a las empresas a demandar a los gobiernos por la aplicación de políticas nacionales o reglamentos que puedan afectar sus ganancias reales o potenciales, y exigir indemnizaciones por ello.
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